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                                      Chocó 7 días

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 EDITORIAL

El síndrome de la privatización

A lo que fatal y tal vez inevitablemente llegamos con la liquidación de la Electrificadora
del Chocó, que pasó de manos del Estado al sector privado, con ostensible mejora en la prestación del servicio pero también con las duras secuelas económicas que oportunamente advertimos, ahora afloran otras manifestaciones similares conexas con el síndrome de la privatización, con el ítem de que estas últimas carecen de las justificaciones que determinaron el fin de la Electrificadora, que por años sobrevivió en el desgreño de malos administradores foráneos y terrígenos.

En una tácita declaración de la incapacidad en que se encuentra el municipio y su ostentosa empresa de servicios públicos, el actual alcalde acaba de proponer al concejo de Quibdó un proyecto tendiente a que un operador privado explote en concesión el servicio del alumbrado público. Todo un reconocimiento público: las empresas públicas de la capital, tan promocionadas antaño, son todo un fracaso administrativo y una muestra más –si alguna faltare– de nuestra carencia de metas serias y de disciplina en materia empresarial.

Como si algo faltara en este panorama francamente desalentador, una empresa fantasma, la "sociedad portuaria del Chocó", creada a raíz de las expectativas que generó la construcción del puerto multimodal de Quibdó, cuyo gestor dio por hecho con la inclusión de una partida en el presupuesto nacional, con detrimento de otras alternativas prioritarias ahora, a falta de puerto multimodal, pretenden hacerse con el malecón de Quibdó y explotarlo como si se tratara de propiedad privada.

El malecón ha sido construido a tramos con recursos de la nación, a partir del incendio de 1966, cuando desapareció físicamente la carrera primera. En el último tramo comprendido entre el Banco de la República y la sede de la Diócesis se acaban de invertir varios miles de millones. Quibdó cuenta por fin con un sitio presentable de sano esparcimiento con espacios públicos adecuados, buena iluminación, con el río Atrato al frente y el marco acogedor de la catedral, el Banco de República, mientras avanza la remodelación del Parque del Centenario.

Pero la sociedad portuaria, so pretexto de realizar un permanente mantenimiento, un muelle turístico y un centro de recreación pretende establecer peajes al libre acceso al malecón a que tienen derecho los quibdoseños y todos los que habitan y visitan nuestra ciudad, en un despropósito comercial abusivo, al cual vamos a oponernos con toda entereza.

No solo con la formidable audiencia de nuestro lectores, sino con la fuerza de los hechos y de la ley. El malecón no es propiedad del municipio de Quibdó, en cuya construcción no ha invertido un solo peso. Tampoco es de Codechocó, pese a que hizo parte del plan de reconstrucción, a cuyo conservamiento y atención nunca le deparó nada. Ni mucho menos del departamento, ausente de lo uno y de lo otro.

Mal pueden hoy, cualquiera de esas entidades, disponer de lo que no les pertenece. Los planes de usufructo privado que en su beneficio forjó la "sociedad portuaria", bien pueden servir para que alguno de los entes nombrados se haga cargo de mantener ó mejorar el actual estado del malecón, con dineros del erario público y en beneficio de la calidad de vida en nuestra ciudad capital.

Era lo único que nos faltaba: que los negociantes y políticos nos despojen del espacio público, con lesión enorme a los intereses comunitarios, para su enriquecimiento particular.

En Cuba, si alguien propone –bajo el síndrome de la privatización–, que el malecón de La Habana pase a particulares, con todo y sus jineteras, se armaría otra revolución.

© 2004 Chocó 7 días
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